Defender la salud pública también significa transformarla
Por Damián Zamorano, licenciado en Enfermería, docente, secretario adjunto del Sindicato del Personal del Hospital El Cruce e integrante de FESINTRAS ( Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud) y CTA de los trabajadores.
La crisis que atraviesa el sistema sanitario argentino no comenzó ayer, pero durante los últimos años adquirió una profundidad que amenaza con deteriorar capacidades construidas durante décadas. Quienes trabajamos diariamente en hospitales y centros de salud lo vemos de manera concreta: guardias sobrecargadas, dificultades para cubrir vacantes, problemas para acceder a medicamentos e insumos, infraestructura deteriorada y trabajadores que deben multiplicarse para garantizar la atención.
No se trata solamente de una crisis presupuestaria. Estamos frente a una disputa más profunda: definir si la salud continuará siendo un derecho garantizado por el Estado o si se transformará progresivamente en un servicio al que cada persona podrá acceder según su capacidad de pago.
Desde diciembre de 2023, el ajuste aplicado sobre las políticas sanitarias nacionales debilitó programas, organismos e instituciones fundamentales. La reducción real de los recursos destinados a medicamentos, atención primaria, salud mental, vacunación, hospitales nacionales y organismos sanitarios no puede analizarse como una simple decisión administrativa. Cuando se retiran recursos de áreas esenciales, se reducen también las posibilidades de prevenir enfermedades, realizar diagnósticos oportunos y garantizar tratamientos.
Esta situación se produce sobre un sistema público que ya atendía a una porción muy importante de la sociedad. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, alrededor del 36% de la población no contaba con obra social ni medicina prepaga y dependía exclusivamente de la cobertura pública. Estamos hablando de aproximadamente 16 millones de personas.
Sobre esa realidad se produjeron posteriormente la pérdida de empleos registrados, el deterioro de los ingresos y el encarecimiento de las cuotas de la medicina privada. Cada persona que pierde su trabajo formal puede perder también su obra social. Cada familia que deja de pagar una prepaga por no poder afrontar la cuota vuelve a buscar respuestas en el hospital o en el centro de salud público.
Allí aparece una de las principales contradicciones del modelo actual: aumenta la cantidad de personas que necesitan del sistema público mientras se restringen los recursos disponibles para atenderlas.
Esa contradicción se expresa todos los días en las guardias. Los trabajadores debemos responder a una demanda creciente con dotaciones insuficientes, dificultades para cubrir licencias, equipamiento que necesita mantenimiento y salarios que obligan a muchos compañeros y compañeras a tener más de un empleo. El sistema todavía funciona, en gran medida, porque sus trabajadores sostienen con esfuerzo personal aquello que debería garantizarse mediante planificación y políticas públicas.
Pero ningún sistema puede depender indefinidamente del sacrificio de quienes trabajan en él.
El Hospital El Cruce y una discusión de fondo
La situación de los hospitales constituidos bajo el régimen de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) permite comprender con claridad qué está en juego. Se trata de instituciones públicas con autonomía administrativa y un esquema de conducción y financiamiento compartido entre el Estado nacional y las provincias.
En la provincia de Buenos Aires, este modelo comprende al Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital de Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría y los hospitales René Favaloro y Presidente Néstor Kirchner de La Matanza. Son instituciones estratégicas para la atención de alta complejidad, especialmente para la población del conurbano bonaerense.
A finales de 2025, el Gobierno nacional planteó públicamente un conflicto por el financiamiento de estos establecimientos. Poco después comenzó a circular la posibilidad de modificar su modelo de administración e incorporar esquemas de gestión privada.
Desde el Sindicato del Personal del Hospital El Cruce (APHEC) y la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advertimos inmediatamente que no se trataba de una discusión meramente técnica. El Hospital El Cruce no es solamente un edificio ni una estructura administrativa. Es una institución de referencia nacional, construida mediante inversión pública, conocimiento acumulado y el trabajo cotidiano de cientos de personas.
Entregar la administración de un hospital público a un operador privado no garantiza una gestión más eficiente. Por el contrario, puede introducir criterios de rentabilidad en decisiones que deberían responder prioritariamente a las necesidades sanitarias de la población.
Cuando la lógica empresarial ingresa en un hospital, aparecen preguntas inevitables: ¿qué prestaciones resultan rentables?, ¿qué pacientes implican mayores costos?, ¿qué servicios conviene tercerizar?, ¿qué cantidad de trabajadores puede reducirse?
En salud, esas decisiones nunca son neutrales. Pueden determinar quién recibe atención, en qué condiciones, con qué calidad y con qué continuidad.
Por eso, defender la gestión pública de los hospitales SAMIC no significa negar sus problemas. Significa exigir que el Estado asuma la responsabilidad de financiarlos, administrarlos y mejorarlos con transparencia, planificación y participación de sus trabajadores.
Sin enfermería no hay sistema sanitario posible
La crisis tiene un impacto especialmente grave sobre la enfermería. En nuestro país persisten un déficit de personal, una distribución territorial desigual, diferencias en los niveles de formación y una insuficiente valoración salarial y profesional.
La falta de estos profesionales no es una estadística abstracta. Es una guardia con menos personal de las necesarias. Es un profesional que debe atender simultáneamente a más pacientes de los que permiten cuidados seguros. Es un trabajador que no puede tomarse una licencia porque no existe quien la reemplace, un trabajador que termina una jornada en un hospital y comienza otra en una institución diferente porque un solo salario no alcanza. Además, muchas veces utiliza parte de su tiempo laboral para vender productos entre los servicios, finaliza una guardia y continúa trabajando en aplicaciones móviles o en otras actividades para poder llegar a fin de mes.
La enfermería es, además, una profesión profundamente feminizada. Los relevamientos nacionales sobre recursos humanos sanitarios muestran que aproximadamente ocho de cada diez integrantes de la fuerza laboral de enfermería son mujeres. No se trata solamente de una característica demográfica: muchas veces, la jornada hospitalaria se suma a las tareas domésticas y de cuidado que todavía se distribuyen de manera desigual dentro de los hogares.
La sobrecarga laboral, el pluriempleo y los bajos salarios tienen, por lo tanto, un impacto especialmente fuerte sobre las mujeres.
El deterioro salarial tampoco puede expresarse mediante una única cifra nacional. Los ingresos de enfermería dependen de la jurisdicción, el convenio colectivo, la formación, la categoría, la antigüedad, los adicionales y las guardias realizadas.
Sin embargo, existe un fenómeno común: una parte importante de los equipos necesita realizar horas extras o mantener dos y hasta tres empleos para sostener sus ingresos. La discusión salarial no puede limitarse al monto nominal que aparece en un recibo. Hay que analizar cuánto crece ese ingreso frente a la inflación, qué proporción corresponde al salario básico y cuánto depende de adicionales variables o de trabajar más horas.
Como referencia del escenario general, durante 2024 los precios aumentaron un 117,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por eso, cualquier acuerdo salarial debe evaluarse en términos reales. Un incremento nominal puede parecer importante y, sin embargo, representar una pérdida de poder adquisitivo si queda por debajo de la inflación o si se alcanza mediante una mayor carga laboral.
Pero la discusión sobre enfermería no debería limitarse a cuántos trabajadores faltan o cuánto cobran. La Argentina necesita redefinir el lugar de la profesión dentro de su modelo sanitario.
Los profesionales de enfermería pueden asumir mayores responsabilidades en atención primaria, vacunación, seguimiento de enfermedades crónicas, salud comunitaria, educación sanitaria, gestión de servicios y prácticas avanzadas. Para eso se necesitan formación, marcos normativos, reconocimiento profesional, condiciones laborales adecuadas y participación en los espacios donde se toman las decisiones.
La enfermería no es un complemento ni un apoyo secundario. Es una de las columnas del sistema de salud. No puede construirse un sistema sólido sobre una profesión debilitada, sobrecargada y mal remunerada.
Defender no significa conservar todo como está
Frente al ajuste, nuestra primera responsabilidad es defender el sistema público. Pero defenderlo no puede significar conservar todas sus desigualdades, fragmentaciones y problemas históricos.
La Argentina tiene un sistema dividido entre Nación, provincias, municipios, obras sociales, empresas de medicina prepaga y múltiples prestadores. Esa fragmentación produce diferencias en el acceso, superposición de recursos, dificultades para compartir información y enormes desigualdades entre territorios.
Una persona puede encontrar respuestas completamente diferentes según la provincia donde viva, la obra social que tenga, su situación laboral o su capacidad para pagar una cobertura privada. Esa desigualdad contradice el principio mismo de la salud como derecho.
Por eso, recuperar el presupuesto sanitario es indispensable, pero no suficiente. También debemos discutir cómo gobernamos, financiamos, integramos y organizamos el sistema.
Necesitamos un financiamiento suficiente, sostenido y previsible, con mecanismos que impidan que los presupuestos se licúen frente a la inflación. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención, recuperar los programas nacionales de medicamentos, vacunación, salud mental y salud sexual y reproductiva, y construir redes integradas que garanticen la referencia, la contrarreferencia y la continuidad de los cuidados.
También necesitamos una política nacional de recursos humanos que permita planificar cuántos trabajadores hacen falta, dónde se necesitan, cómo deben formarse y en qué condiciones deben trabajar. Esa política debe incluir salarios dignos, estabilidad laboral y una carrera sanitaria que reconozca la formación, la responsabilidad, la experiencia y las particularidades de cada profesión.
Los hospitales públicos y los SAMIC deben contar con financiamiento acorde con su complejidad y con la demanda real que reciben. La alta complejidad no puede depender de disputas coyunturales entre Nación y provincias ni quedar expuesta a proyectos de privatización o gerenciamiento empresarial.
Los trabajadores también tenemos propuestas
Las políticas sanitarias no pueden diseñarse únicamente desde un escritorio ni de espaldas a quienes conocen el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Los sindicatos, las organizaciones profesionales, las universidades, los equipos de salud y las comunidades tienen que formar parte de esa discusión.
Quienes trabajamos en el sistema no solamente tenemos reclamos. También acumulamos conocimientos, experiencias y propuestas. Sabemos dónde se interrumpen los procesos, qué recursos faltan, qué decisiones podrían mejorar la atención y cuáles son las consecuencias de gestionar sin escuchar a los equipos.
La participación de los trabajadores no debe ser considerada un obstáculo para la gestión. Es una condición para que las políticas sean posibles, sostenibles y respondan a la realidad de cada establecimiento.
Desde APHEC y FESINTRAS defendemos el Hospital El Cruce y el conjunto del sistema público, pero no lo hacemos desde una posición puramente defensiva. No queremos simplemente conservar lo que existe. Queremos participar en la construcción de un sistema mejor. Un sistema integrado, federal y solidario. Un sistema que fortalezca la atención primaria y garantice la alta complejidad. Un sistema que reconozca el trabajo sanitario, jerarquice a la enfermería y coloque las necesidades de la población por encima de cualquier lógica de rentabilidad. La crisis sanitaria argentina no es inevitable. Es consecuencia de decisiones políticas y, por lo tanto, puede modificarse mediante otras decisiones políticas. Todavía estamos a tiempo de reconstruir un sistema basado en la universalidad, la solidaridad y la presencia responsable del Estado. Pero para hacerlo necesitamos superar una discusión limitada al ajuste presupuestario y animarnos a debatir qué sistema sanitario queremos para los próximos años.
La salud pública debe ser defendida frente a los intentos de mercantilización. Pero también debe ser fortalecida, integrada y transformada. Porque la salud no es un gasto ni una mercancía. Es un derecho. Y garantizarla constituye una de las responsabilidades fundamentales de cualquier sociedad que aspire a ser más justa.
